Para entender como se puede perder un mayoría absoluta después de 16 años en el pueblo con menos habitantes de Canarias hay que ponerse en contexto.
El alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, y la trabajadora municipal Isabel C. M. se enfrentan a una pena de seis meses y un año de cárcel, respectivamente, por un presunto delito electoral vinculado un fraude con el voto por correo. Además, reclama para la funcionaria la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas del juicio.
La noticia, adelantada por el Diario de Fuerteventura, recoge que el fiscal Tomás Fernández de Páiz solicita la apertura de juicio oral y las mencionadas penas de prisión tras detectar durante la fase de investigación una aparente y reiterada irregularidad en la tramitación del voto por correo durante las pasadas elecciones de mayo de 2019, donde Cerdeña concurrió como cabeza de lista por el partido Unidos por Betancuria (UPB) logrando alcanzar la mayoría absoluta con cinco de los siete concejales en disputa.
Además, el fiscal quedó sorprendido con la tasa inusual del 20 por ciento de los votos emitidos por correo en un municipio de unos 700 habitantes.
A varias semanas de las elecciones municipales, este medio ha tenido acceso a los resultados de unas encuestas realizadas por una de las empresas de demoscopia más prestigiosas de Canarias, que ya han sido publicadas en anteriores ocasiones.
Los resultados demuestran que la valoración del actual alcalde, Marcelino Cerdeña, ha empeorado notoriamente. Esto se debe en gran parte por el desgaste en esta legislatura y la aparición de otra opción real de gobierno, después de 16 años de mayorías absolutas de Marcelino Cerdeña (Unidos por Betancuria).
¿Pero qué fue lo que pasó en el 2019?
Muchos han sido los comentarios sobre este escándalo. Hoy en día existe una investigación judicial que considera que se podría haberse producido un delito electoral tras haber detectado los nacionalistas que se tramitaba el voto por correo a vecinos mayores de edad, enfermos y drogodependientes, indicando como dirección postal la sede del partido de Cerdeña. Una vez remitida la documentación a la sede política, este sería formalizado sin que los vecinos tuvieran conciencia del destino de su voto. A juicio del fiscal, la funcionaria municipal «rellenó totalmente o, al menos, participó decisivamente en el relleno de las solicitudes del voto por correo de un buen número de votantes, consignando incluso en todas ellas como dirección de recepción la sede del partido UPB». Además, «se habría apoderado de sobres de la documentación electoral de esos votantes, de tal forma que la emisión efectiva del voto y de la opción política elegida de cada uno de ellos quedó definitivamente en sus manos».
En cuanto a Marcelino Cerdeña, el representante de la Fiscalía le imputa la misma conducta que la trabajadora respecto a un votante «a pesar de que la solicitud del voto por correo ha de formularse personalmente».
Algunos electores declararon ante el fiscal que no eran conscientes de haber solicitado el voto por correo e incluso que no rellenaron personalmente la solicitud del voto por este medio.
Ya en el informe de la Fiscalía detallaba que se pudo comprobar directamente que varios de los vecinos cuyo voto apareció por correo «sufren algún tipo de enfermedad mental que le impide comprender lo que se le pregunta o tienen algún tipo de minusvalía física que nos les permite escribir, o no saben leer ni escribir o son drogodependientes». Además, algunos de los vecinos que fueron llamados a comparecer ante el fiscal reconocieron que se les habían ofrecido promesas de trabajo o prebendas por el Ayuntamiento, según el Ministerio Fiscal y según recoge el Diario de Fuerteventura.
