Un grupo de inmigrantes ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo contra los controles establecidos por la Policía desde diciembre en los aeropuertos de Canarias para impedirles volar a la Península, a pesar de contar con sus pasaportes y correspondientes billetes.
El año pasado llegaron a Canarias 23.023 inmigrantes en pateras o cayucos, de los cuales 2.035 fueron trasladados por el Estado a otros puntos de España, por considerar que su situación era vulnerable -según ha reconocido el Ministerio de Migraciones en una respuesta parlamentaria-; unos 7.500 siguen alojados en hoteles de las islas reconvertidos en alojamientos humanitarios, y cerca de un millar ha sido ya derivado a campamentos de Gran Canaria.
