La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido, no ha conseguido el objetivo que ha defendido hoy en una Proposición No de Ley por la que se paralizaba el procedimiento para la elaboración del catálogo de prestaciones y servicios sociales, con el objetivo de integrar el conocimiento y experiencia del tercer sector y colegios profesionales.
Lamentablemente “los cuatro grupos que conforman el Gobierno han desoído está propuesta confirmando la falta de diálogo y consenso que les ha caracterizado en estos últimos meses, y que les hubiera permitido diseñar un catálogo ajustado a las necesidades y realidad de la sociedad Canaria, así como a los tiempos actuales con respeto al espíritu de la Ley 16/2019 de 28 de abril de Servicios Sociales de Canarias y las normas y leyes específicas de carácter autonómico y estatal.
Desde el Grupo Nacionalista Canario «consideramos una falta de respeto hacia la población más vulnerable, ignorar a quienes están sosteniendo a tantas familias canarias, así como a los profesionales especializados del sector”. No se puede aprobar un documento clave como es el Catálogo de prestaciones y servicios que obliga la nueva ley, “con todo el sector en contra”.
Por otra parte, Valido recordó la pasividad del Gobierno de Canarias ante la ejecución de la Ley ya que ha incumplido con “los 55 millones que se tenían que haber destinado desde el primer año para mejorar la prestación de los servicios sociales, especialmente en las entidades locales”.
Para la nacionalista “es imposible que el Gobierno cumpla con la Ley y aporte a los municipios lo que tiene que aportar, si no la presupuesta”. Por ello, Valido insiste en la necesidad de invertir tiempo en la “planificación de un cambio estructural del sistema, para abordar una estrategia que corresponda a los criterios de técnicos especializados”.
Y esto se hace con recursos y personal, pero especialmente “con una gestión adecuada, porque en los años 2017 y 2018, con el paro descendiendo y en una situación económica que mejoraba, “el Gobierno de Canarias pagaba 13.525 y 11.599 euros de la Prestación Canaria de Inserción (PCI)”, muchas más de las que se están abonando hoy en día.
Pobreza
En otro orden de cosas Jana González le recriminó a la consejera de Derechos Sociales que no pongan en marcha un plan ni una estrategia clara para abordar la situación de pobreza que padecen miles de familias canarias. “No puede decirnos que lo importante son las medidas y los fondos, frente a la planificación, cuando no saben ni qué van a hacer ni cómo van a financiarlos”.
En este sentido, la diputada reclamó del Gobierno de Canarias una mirada al frente y más acción en su lucha contra la pobreza, “porque aludiendo siempre al comodín de la herencia recibida, esta tierra no tendrá futuro”.
