El Gobierno canario gestiona con la Fiscalía, la Policía, Sanidad y el Instituto de Medicina Legal una reordenación de las 2.016 pruebas de edad que aún están pendientes de hacer para determinar la edad de otros tantos inmigrantes que aseguran ser menores, para dar prioridad absoluta a 300 casos en los que sospecha que superan los 25 años.
En estos momentos, el Gobierno de Canarias tutela a 2.652 inmigrantes llegados en patera en los últimos meses que aseguran ser menores, de los que en realidad ignora su edad en tres de cada cuatro casos; en concreto, en 2.016, 1.575 en la provincia de Las Palmas y 395 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
