La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha concedido, de manera definitiva, las subvenciones para las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales de Canarias. Esta línea de ayuda, correspondiente a las cuentas de 2021 y que se ejecutará en 2022, está dotada con un presupuesto total de 933.295,92 euros.
El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, destacó que esta concesión “permitirá desarrollar iniciativas que fomenten la conservación de la naturaleza, la protección del patrimonio natural y la mejora de equipamiento e infraestructuras en entornos naturales, que favorezca la mejora de la calidad de vida de los habitantes y las poblaciones que cuenten en su territorio con la presencia de un parque nacional”.
Estas ayudas se conceden a entidades empresariales, instituciones sin ánimo de lucro, personas físicas y a municipios solicitantes con territorio perteneciente a los cuatro parques nacionales de Canarias: La Caldera de Taburiente (La Palma), Garajonay (La Gomera), El Teide (Tenerife) y Timanfaya (Lanzarote) y en esta ocasión se reparten en 22 proyectos.
Entre las corporaciones locales que han solicitado esta ayuda y que han sido seleccionadas, por ajustarse a las bases establecidas en esta convocatoria de subvención, se encuentran los ayuntamientos de Breña Alta, Puntallana y San Andrés y Sauces, en La Palma; Vallehermoso, Hermigua, Agulo y Alajeró, en La Gomera; Santiago del Teide, Vilaflor y Los Realejos, en Tenerife; y Tinajo y Yaiza, en Lanzarote.
También se han concedido ayudas a particulares para actuaciones en fincas y viviendas dentro del área de influencia de los parques nacionales y a entidades como la Asociación Ecocultural La Barca Verde, para una acción formativa sobre cambio climático.
La selección de las solicitudes beneficiadas se ha realizado en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas para establecer una prelación de acuerdo con los sistemas de valoración fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, de manera que, teniendo en cuenta el límite presupuestario disponible, se garantiza que se subvenciona aquellos proyectos con mayor valoración.