La Asociación Tierra Bonita anuncia que en los próximos días sus abogados, el despacho Martínez & Echeverría, presentará ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife un recurso de apelación contra el archivo de la querella criminal que esta ONG formuló ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Número 1 de Los Llanos de Aridane por la presunta gestión delictiva de la emergencia de la catástrofe volcánica en La Palma.
En síntesis, la denuncia se centra en que, al no evacuarse a la población antes de que comenzara la erupción en Cumbre Vieja, pese a los clarísimos indicios de que era inminente, se expuso a la población a un riesgo para su vida, con la pérdida de enseres y objetos personales y la muerte de animales, todo lo cual se podía haber evitado con un desalojo preventivo.
El abogado de dicho bufete José Antonio Tuero expresa su discrepancia con los argumentos del Juzgado llanense e insiste en que, para Martínez & Echevarría “hay pruebas sólidas de que ha habido una negligente actuación por parte de las autoridades que no tomaron las medidas que debían y nosotros entendemos que sí que concurre delito”.
Tuero exponía que antes de la erupción “se produjo una inactividad, no se tomaron decisiones, pese a que la autoridades tenían información de centros científicos, de diferentes organismos, que, con mucha antelación, hacían referencia a que iba haber una erupción volcánica”.
El Juzgado ha desestimado la querella por razones tales como que no hay perjudicados personados en la causa y que los indicios aportados no son consistentes, decisión que llama la atención porque numerosos damnificados han presentado denuncias en el mismo Juzgado con su testimonio concreto de los riesgos que corrieron al no haber sido evacuados con antelación y toparse con una peligrosa erupción volcánica a las puertas de sus hogares.
La Asociación Tierra Bonita desea continuar adelante con su iniciativa de que promover que se diriman las presuntas responsabilidades penales por unos hechos que, reitera, revisten suficiente gravedad para que se investiguen.
Esta supuesta omisión del deber de velar por la seguridad y salud de los habitantes y de los animales, «con un claro abandono colectivo», evidencia, a juicio de los querellantes, una “negligente, temeraria, imprudente y delictiva” actuación de las autoridades, que derivó en un grave perjuicio, no solo con la pérdida de bienes, -al no haber permitido a los ciudadanos tener un tiempo prudente para salvaguardarlos (incluyendo la suscripción o mejora de pólizas de seguros)-, sino también en la salud y en el bienestar emocional y psicológico de los ciudadanos.
La querella recopila afirmaciones de científicos miembros del PEVOLCA y de instituciones científicas integradas en este operativo de emergencias, que, en declaraciones públicas tras la erupción, han dejado claro que era inminente. La negativa del Gobierno canario a dar a conocer a los afectados las grabaciones y las actas de los comités científico y director del PEVOLCA, así como las contradicciones y cambios de versión en que han incurrido algunos de estos expertos en intervenciones públicas tras la erupción, obedece, en opinión de los querellantes, al intento de ocultar que se produjo esta presunta negligencia.
Por tanto, para Tierra Bonita constituye un deber ético poner estos hechos en manos de la Justicia y agotar todas las vías posibles para que se abra una investigación en la que todos los presuntos responsables de la gestión de la emergencia y el asesoramiento científico den las oportunas explicaciones a tantas contradicciones. Porque, según subraya esta asociación, si en el momento de la erupción no hay que lamentar muertes es solo por el puro azar de la naturaleza y no por el buen funcionamiento del plan de emergencias.
