Los vecinos de Santiago del Teide no pagarán la tasa por la recogida de residuos “mientras el servicio esté íntegramente cubierto con cargo al presupuesto municipal”, asegura el alcalde, Emilio Navarro, quien destaca que con esta medida no se verá afectada la economía de la ciudadanía y el ayuntamiento cumple la normativa vigente.
El pleno del Ayuntamiento de Santiago del Teide aprobó la nueva ordenanza reguladora del servicio de recogida de residuos a la que obliga la trasposición de una directiva europea y en virtud de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, que exige a los ayuntamientos que dispongan de un instrumento fiscal que permita financiar el servicio de residuos.
Emilio Navarro explica que el Ayuntamiento de Santiago del Teide “ha hecho los deberes y ha aprobado una ordenanza completa, social y jurídicamente sólida y preparada para cualquier escenario futuro”. El alcalde realza que “nuestro objetivo es claro: cumplir la ley, garantizar el servicio y proteger a los vecinos y vecinas”.
Para ello, el consistorio acordó aplicar una cuota cero, por lo que la administración municipal no remitirá ningún recibo a la población de Santiago del Teide mientras el coste del servicio pueda ser asumido a través del presupuesto municipal.
En ese caso, el acuerdo adoptado por el pleno a propuesta del gobierno local incorpora medidas para paliar sus efectos, para lo que “se establece un modelo basado en la justicia social garantizando que, si en algún momento hubiera que activar la tasa, su aplicación se produciría de forma progresiva, con protección total para las personas más vulnerables y con una mayor aportación por parte de quienes más residuos generan”.
El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, incide en que “este servicio esencial está garantizado, la ley se cumple y los vecinos y vecinas no pagarán mientras no haga falta”. El regidor destaca que “esta decisión responde a una forma de gobernar basada en la previsión, la responsabilidad y la buena gestión, evitando improvisaciones y garantizando estabilidad jurídica y social”.
La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, tiene como objetivo fundamental garantizar la sostenibilidad financiera del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos en los municipios. Su aplicación desde el pasado día 1 de enero, determinada por el Gobierno central, obliga a repercutir a los ciudadanos el coste íntegro de la recogida, gestión, transporte y tratamiento de residuos.
