Es difícil observar lo que está ocurriendo en Ceuta sin hacerse preguntas para las que no existen respuestas sencillas. ¿Hasta dónde llega nuestra obligación de ayudar? ¿En qué momento la solidaridad deja de ser suficiente? ¿Cómo se protege a quienes llegan sin desatender a quienes ya viven allí?
Desde Canarias, estas preguntas no nos resultan ajenas. Durante décadas hemos visto llegar embarcaciones con personas que se han jugado la vida en el Atlántico. Hemos conocido historias de supervivencia, pero también de pérdida. Hemos visto desembarcar a hombres, mujeres y menores después de travesías que difícilmente podemos imaginar quienes nunca hemos tenido que elegir entre permanecer en nuestro hogar o subir a un cayuco.
Por eso, desde las islas, resulta difícil contemplar lo sucedido en Ceuta únicamente desde la distancia. Reconocemos muchas de las preguntas, los temores y las contradicciones que hoy recorren sus calles. Sabemos lo que significa vivir en un territorio fronterizo, pedir ayuda cuando los recursos se ven superados y comprobar que la solidaridad resulta mucho más sencilla de defender cuando sus consecuencias recaen sobre otros.
La entrada de unas 72.000 personas en Ceuta en apenas unas horas dejó una ciudad completamente desbordada. Según los datos ofrecidos por el Gobierno, alrededor de 70.000 habían regresado posteriormente a Marruecos. Sin embargo, días después todavía quedaban personas sin identificar y el número de menores registrados ascendía a 1.342.
Detrás de esas cifras hay dos realidades que no deberían enfrentarse.
Por un lado, está la de quienes cruzaron. Personas con circunstancias diferentes, algunas empujadas por la pobreza, la falta de oportunidades, la inestabilidad o la esperanza de encontrar una vida mejor. Entre ellas había familias y menores, algunos muy pequeños, que quedaron expuestos a situaciones de enorme vulnerabilidad. No sabemos qué historia existe detrás de cada persona ni qué la llevó hasta la frontera. Convertirlas a todas en una amenaza o asociarlas automáticamente con la delincuencia sería tan injusto como irresponsable.
Pero al otro lado también hay personas.
Están los vecinos de Ceuta, que vieron cómo su ciudad cambiaba en cuestión de horas. Una población que tuvo que convivir con calles saturadas, servicios desbordados, espacios públicos ocupados y una incertidumbre difícil de gestionar. Personas que no sabían cuánto duraría aquella situación, qué respuesta ofrecerían las administraciones ni si podrían recuperar pronto la normalidad.
Reconocer su miedo no significa rechazar a quienes llegaron. Tampoco convierte a toda la población ceutí en insolidaria. Existe una diferencia profunda entre criminalizar la inmigración y admitir que ninguna ciudad puede asumir por sí sola una entrada de estas dimensiones sin que su convivencia, sus servicios y su propia capacidad de respuesta se vean seriamente afectadas.
Durante los últimos días, miles de ceutíes han salido a la calle para reclamar soluciones. No deberíamos apresurarnos a interpretar esa reacción como una movilización contra las personas migrantes. También puede entenderse como la expresión de una ciudad agotada, preocupada y necesitada de respuestas. Una ciudad que siente que soporta sobre sus hombros una responsabilidad que corresponde al conjunto de España y también a Europa.
Ceuta no puede afrontar sola esta situación. Del mismo modo que Canarias tampoco debería quedar sola cuando las llegadas se concentran en las islas.
La solidaridad territorial no puede consistir únicamente en mostrar preocupación desde la distancia. Tiene que traducirse en plazas de acogida, recursos sanitarios, personal especializado, mecanismos ágiles para la atención de los menores y una distribución real de las responsabilidades. De lo contrario, los territorios fronterizos terminan soportando de forma permanente las consecuencias de decisiones que se toman muy lejos de ellos.
También debemos preguntarnos qué significa actuar con humanidad.
Humanidad es rescatar a quien está a punto de morir en el mar. Es atender a quien llega herido, identificar a los menores y proteger a quienes puedan necesitar asilo. Pero humanidad también es evitar que una ciudad colapse, que sus vecinos vivan con miedo y que quienes acaban de llegar terminen durmiendo en la calle porque no existen recursos suficientes para atenderlos.
Acoger sin capacidad no siempre significa acoger bien. En ocasiones solo traslada el sufrimiento de un lugar a otro.
Por supuesto que deben existir límites. Un país tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras, identificar a quienes entran y determinar quién necesita protección internacional y quién debe regresar a su país de origen. Defender el cumplimiento de la ley no es incompatible con defender los derechos humanos. Al contrario, la ausencia de procedimientos claros y de una respuesta ordenada deja a las personas en un limbo que favorece la precariedad, el miedo y la explotación.
Pero esos límites tampoco pueden aplicarse de cualquier manera. No todas las personas que cruzan se encuentran en la misma situación y no cabe una respuesta indiscriminada. Un menor debe ser protegido. Una solicitud de asilo debe ser estudiada. Una posible devolución debe realizarse conforme a la ley y con las garantías correspondientes. Controlar una frontera no debería significar dejar de mirar a las personas que hay ante ella.
A esta realidad se suma el negocio construido alrededor de la migración irregular. En las rutas que llegan a Canarias sabemos que existen redes dedicadas al tráfico de personas que organizan desplazamientos, cobran por las travesías y embarcan a quienes desean llegar a Europa en cayucos y otras embarcaciones que no ofrecen unas condiciones mínimas de seguridad.
Estas redes no crean por sí solas la pobreza, la violencia ni la falta de oportunidades que llevan a alguien a abandonar su hogar. Pero sí se aprovechan de ellas. Convierten la necesidad en un negocio y venden como una oportunidad lo que puede terminar siendo una sentencia de muerte en el océano.
Perseguir a quienes organizan y financian estas rutas no significa criminalizar a quienes migran. Significa actuar contra quienes se enriquecen explotando su vulnerabilidad. La defensa de los derechos humanos también exige firmeza frente a quienes hacen negocio poniendo en peligro la vida de otras personas.
Desde fuera es inevitable preguntarse si merece la pena asumir un riesgo semejante. Sin embargo, quizá esa pregunta no pueda responderla quien nunca ha sentido que quedarse era todavía peor que marcharse. Lo que sí podemos preguntarnos es qué información reciben quienes parten, cuántas expectativas falsas les venden y cuánto conocen realmente sobre los peligros de la travesía y sobre lo que encontrarán al llegar.
Mientras Ceuta intenta recuperar la normalidad, en las redes sociales circula una nueva convocatoria para tratar de cruzar la frontera el próximo 15 de agosto. La Guardia Civil ha confirmado la existencia de estos mensajes y considera real el riesgo de que se produzca otro intento, aunque su magnitud es incierta. No se conoce la autoría de la convocatoria, no puede calcularse cuántas personas podrían secundarla y tampoco está demostrado que llegue a materializarse.
No deberíamos convertir una posibilidad en una certeza. Pero tampoco podemos ignorar lo que significa para quienes viven en Ceuta.
¿Cómo debe sentirse una población que todavía trata de asimilar lo ocurrido mientras espera una fecha anunciada para un posible nuevo intento? Para sus vecinos, el 15 de agosto ya no es un día cualquiera. Se ha convertido en otra fuente de incertidumbre. Tal vez finalmente no ocurra nada, pero esperar sin respuestas ni garantías también tiene consecuencias. La prevención no puede comenzar cuando las personas ya están cruzando.
Las imágenes de miles de personas entrando al mismo tiempo han dejado además una sensación especialmente inquietante: la de comprobar con qué rapidez una ciudad puede quedar desbordada. Algunas voces hablan incluso de movimientos organizados o de posibles ensayos destinados a medir la capacidad de respuesta española. No existen pruebas suficientes para presentar esa interpretación como un hecho, pero que semejante sospecha haya encontrado espacio en la conversación pública revela hasta qué punto se ha instalado el miedo.
España debe aclarar qué ocurrió, por qué no pudo anticiparse una entrada de esa magnitud y qué medidas se están tomando para que no vuelva a suceder. También deberá determinar si existió una organización previa, quién difundió los llamamientos y si hubo actores interesados en utilizar a miles de personas como instrumento de presión.
La respuesta no puede limitarse a elegir entre abrir las puertas o cerrarlas, como si solo existieran esas dos posibilidades. Necesitamos control fronterizo, cooperación con los países de origen y tránsito, vías legales y seguras, persecución de las redes de tráfico, procedimientos rápidos y garantistas y una distribución efectiva de las responsabilidades dentro de España y de Europa.
Necesitamos, sobre todo, dejar de improvisar.
No resulta humano permitir que miles de personas arriesguen sus vidas alentadas por promesas falsas. Tampoco lo es recibirlas sin disponer de medios suficientes para atenderlas. Y no es justo pedir a Ceuta, Canarias, Melilla o cualquier otro territorio fronterizo que afronte en solitario una realidad que nos corresponde gestionar entre todos.
Quizá la pregunta no sea dónde termina la humanidad, sino cómo evitar que nuestra forma de ayudar termine causando nuevos sufrimientos. Se puede reconocer la dignidad de quien llega y, al mismo tiempo, defender el derecho de una población a vivir con seguridad. Se puede exigir el cumplimiento de la ley sin olvidar que detrás de cada expediente existe una persona. Y se puede pedir solidaridad sin negar que cualquier sistema tiene límites.
Hoy la preocupación está en Ceuta. Desde Canarias observamos lo sucedido con una cercanía que no es solo geográfica. Sabemos que las rutas cambian, que la presión puede desplazarse y que una respuesta insuficiente en un territorio termina repercutiendo sobre otro.
Por eso, después de ver la facilidad con la que una ciudad entera quedó desbordada y mientras persiste el temor a que la situación pueda repetirse, resulta imposible no hacerse una última pregunta:
¿Será Canarias la siguiente?
Adolfo Rodríguez.
