El Defensor del Pueblo señala en su informe sobre la crisis migratoria de Canarias las deficiencias que aprecia en la red de acogida y los procedimientos de atención y asilo y también advierte de que «no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación derechos» con el argumento de «evitar el efecto llamada».
Fernández Marugán cita en este punto «las restricciones a la libre circulación» que sufren solicitantes de asilo e inmigrantes con orden de devolución pendiente de ejecutar que intentan desplazarse al resto de España desde las islas, pero a lo largo de su documento señala problemas e irregularidades en otros muchos ámbitos.
