En la actualidad, Canarias acoge a más de 5.800 migrantes menores de edad no acompañados en centros que, según datos de febrero de este mismo año, funcionan al 123% de su capacidad y muchas veces al 160%. La prolongación sistemática de una realidad que lleva años enquistada, disparó la declaración de emergencia migratoria agravada, inicialmente en agosto de 2023 y refrendada en septiembre del año siguiente, una acción que pretende activar medidas excepcionales frente a la presión creciente.
Quórum Social 77 en el ojo del huracán
La ONG Quórum Social 77, encargada de gestionar 27 centro de acogida en Canarias, con alrededor de 2000 plazas, y una entidad que ha recibido desde 2013 más de 131 millones de euros en contratos públicos, forma parte de una investigación judicial tras múltiples denuncias por presuntos malos tratos, lesiones, delitos de odio y amenazas.
En mayo de este año, el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas, en Gran Canaria, ordenó el cierre de Emana La Fortaleza I, el centro con 45 menores ubicado en Bandama, tras numerosos testimonios de menores y antiguos trabajadores que denunciaron delitos de lesiones, odio, amenazas y coacción. El resultado fue la detención de nueve empleados de la citada entidad que ya han sido puestos en libertad sin cargos.
En julio de 2025, el juez ordenó el cierre del centro José García I, en Arinaga, que acogía a 148 menores. Se detuvo a dos altos cargos de Quórum Social 77, a la presidenta y al director de centros, y se registraron sedes y otros centros asociados. Sobre ello, el Gobierno de Canarias puntualizó que las condiciones extremas de hacinamiento dificultaban el control y aumentaban el riesgo para los menores.
En otro orden de cosas, algunos extrabajadores acusaron a Quórum Social 77 de haber desplegado un “equipo de intervención” compuesto eminentemente por luchadores y árbitros de boxeo sin formación, para controlar a los menores a través de la violencia física, encerramientos como castigos y la intimidación.
Intervención de la Fiscalía Europea
A todo lo anterior, según fuentes recientes, se suma la intervención de la Fiscalía Europea conforme a posibles fraudes con fondos públicos recibidos entre 2020 y 2022, unos fondos gestionados por entidades sin ánimo de lucro como Quórum Social 77. El objetivo final de la indagación, es aclarar si parte de dichos fondos se destinó al beneficio personal de los gestores aprovechando contratos de emergencia adjudicados de forma directa, sin concurso público previo ni un correcto seguimiento administrativo. Las investigaciones judiciales están motivadas por la falta de supervisión institucional, ya que, desde 2021, organismos como Amnistía Internacional, el Defensor del Pueblo, Save The Childen y otras ONG, habían alertado del riesgo en los centros por falta de actuaciones contundentes y de la inacción prolongada del Gobierno autónomo y de la Fiscalía.
Reacción oficial
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, admitió que era previsible que ocurrieran incidentes de esta naturaleza debido a los niveles de saturación y a la dificultad de control, y afirmó que las autoridades llevan tiempo alertando sobre los riesgos. Como respuesta, el susodicho ha prometido reforzar inspecciones, revisar las contrataciones de entidades gestoras y garantizar que futuras adjudicaciones cumplan con estándares de calidad y protección infantil.
Soluciones estructurales a la deriva actual
Con el proceso judicial en curso, el Estado español ha comenzado a trasladar menores migrantes a la Península, en tanto que cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo.
En este mes de agosto se inició el traslado inicial de ocho menores, y se prevé enviar semanalmente entre 15 y 20 durante unos siete meses, movilizando alrededor de 1.200 plazas y una partida de 40 millones de euros, un plan que pretende aliviar la presión que Canarias ha asumido en solitario.
Un gran desafío exige una gran responsabilidad
La realidad actual muestra un sistema agotado, con entidades gestoras bajo investigación y menores desprotegidos por culpa del grave problema logístico, debido a la ausencia de controles efectivos de los fondos públicos y a la preocupante carencia de perfiles profesionales adecuados.
Sin duda, esta es una crisis que exige no solo medidas urgentes, sino también un cambio estructural y una gestión institucional que priorice los derechos y la dignidad de la infancia migrante, una emergencia humanitaria que necesita, sí o sí, de atención real y sostenida. Ha llegado el momento de que la sociedad canaria y el conjunto del Estado reflexionen de verdad sobre cómo garantizar un modelo de acogida digno, transparente y acorde con los estándares internacionales que velan por la protección de los menores.
Manuel Pérez Cedrés.
